jueves, 28 de febrero de 2013

Puerto de la Cruz solicita al Estado revisar el tratamiento de las derivaciones de la Seguridad Social a los Ayuntamientos


El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz solicitará al Gobierno del Estado que inicie el procedimiento de modificación de la normativa reguladora que impida la derivación de responsabilidad subsidiaria a las corporaciones locales por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, por el impago de las cotizaciones sociales en que incurran los concesionarios de servicios públicos.

Según el dictamen de la Comisión Informativa Permanente Municipal de Economía, Hacienda, Patrimonio y Nuevas Tecnologías, la Tesorería General de la Seguridad Social está llevando a cabo procedimientos de derivación de responsabilidad subsidiaria a distintos Ayuntamientos por las deudas derivadas de las cuotas de cotización de los trabajadores de las empresas concesionarias.

Según explica la Concejala responsable del área, Sandra Rodríguez, “en la actualidad se entiende que cuando las corporaciones locales contratan la gestión de un servicio público con un tercero, ostentan la condición de empresario y parte implicada, algo que choca de frente con el régimen jurídico del contrato de gestión de servicios públicos establecido en la normativa de contratación pública”.

En este sentido, se produce un choque con el principio que inspira la regulación de las concesiones administrativas, como el riesgo y ventura del contratista, aunque la interpretación que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social hace prevalecer el aspecto puramente laboral al administrativo, y obvia que la relación que une a la administración con el concesionario no es una mera relación mercantil sino que se trata de una relación jurídico-administrativa que se halla sometida a un peculiar régimen jurídico en el que el contratista debe asumir todos los riesgos de la explotación del servicio.

“La situación, que ya es muy grave, en la que el Estado coloca a los Ayuntamientos se agrava notablemente con este tratamiento que reciben las corporaciones municipales, y que no podemos soportar en unos tiempos como los que vivimos”, explicó la también Teniente de Alcalde.

La petición será trasladada también a la Federación Canaria de Municipios, la FECAM, y la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, para su adhesión al acuerdo por parte de todas las corporaciones locales canarias y españolas, así como la adopción por parte de los órganos de gobierno de ambas federaciones, de cuantas medidas sean necesarias para evitar la continuación de estos procedimientos de derivación hasta tanto se lleve a cabo la necesaria regulación legal de la materia.

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