El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a través de la
Concejalía de Economía y Hacienda que dirige Sandra Rodríguez, trabaja junto
con el Consorcio de Tributos, en un protocolo de actuación que permita el
fraccionamiento de la deuda en tributos municipales.
“El empeoramiento
de la coyuntura económica ha provocado en los últimos años un extraordinario incremento
de las situaciones de necesidad social, que exigen la actuación de los servicios sociales
municipales. Eso provoca que algunos contribuyentes no puedan atender
puntualmente las deudas tributarias, especialmente las correspondientes a tasas
de servicios de carácter esencial, y es ahí donde se argumenta esta medida”,
señala Rodríguez.
Por
tal motivo, se hace preciso arbitrar un sistema que permita, ante determinadas
situaciones en las que se detecte la existencia de una acumulación de deudas
tributarias pendientes de pago, una respuesta ágil por parte de los poderes
públicos, que permita compatibilizar su situación particular con la defensa de
los intereses públicos.
El
objeto es el establecimiento de unas pautas de actuación que agilicen y
simplifiquen los trámites para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos
de deudas tributarias y demás de derecho público con el Ayuntamiento de Puerto
de la Cruz, y respecto de aquellos contribuyentes vecinos del municipio que
sean personas físicas y ostenten la condición de usuarios de los servicios
sociales municipales y cuyo nivel adquisitivo les imposibilite hacer frente a dichas deudas, salvo que les
sean concedidas unas condiciones en el fraccionamiento acordes con su situación
económica.
“Nos
tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, y las necesidades actuales que
existen entre los ciudadanos. Esta medida viene a paliar muchas inquietudes de
vecinos y vecinas que, por mor de las circunstancias, están viviendo momentos
difíciles”, declaró la concejal responsable del área de Bienestar Social, Emma Mesa.
A solicitud del interesado, desde el Departamento de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, se estudiarán los
casos en los que el deudor se pueda encontrar en el ámbito de aplicación del
presente protocolo.
El informe social, tras obtener la documentación
justificativa, se pronunciará sobre si la situación socioeconómica de dicho interesado
le impide, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
Dicha valoración social podrá concluir con una propuesta indicativa acerca de
la cantidad que el sujeto pasivo puede destinar a satisfacer la deuda que se
encuentre pendiente de pago en el Consorcio de Tributos de Tenerife, así como
la que pueda devengarse en el futuro,
sin que en ningún caso el plazo acordado pueda superar los ocho años, siendo
necesario que la deuda sea superior a 50,00 euros.
“La situación es complicada para muchas familias
portuenses, y es nuestro deber el poner todas las facilidades que estén a
nuestro alcance. Este acuerdo permitirá un desahogo importante para las
familias de nuestro municipio”, destacó la también primera teniente de alcalde
portuense.
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