El
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz solicitará al Gobierno del Estado que inicie
el procedimiento de modificación de la normativa reguladora que impida la
derivación de responsabilidad subsidiaria a las corporaciones locales por parte
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por el impago de las
cotizaciones sociales en que incurran los concesionarios de servicios públicos.
Según
el dictamen de la Comisión Informativa Permanente Municipal de Economía,
Hacienda, Patrimonio y Nuevas Tecnologías, la Tesorería General de la Seguridad
Social está llevando a cabo procedimientos de derivación de responsabilidad
subsidiaria a distintos Ayuntamientos por las deudas derivadas de las cuotas de
cotización de los trabajadores de las empresas concesionarias.
Según
explica la Concejala responsable del área, Sandra Rodríguez, “en la actualidad
se entiende que cuando las corporaciones locales contratan la gestión de un
servicio público con un tercero, ostentan la condición de empresario y parte
implicada, algo que choca de frente con el régimen jurídico del contrato de
gestión de servicios públicos establecido en la normativa de contratación
pública”.
En
este sentido, se produce un choque con el principio que inspira la regulación
de las concesiones administrativas, como el riesgo y ventura del contratista,
aunque la interpretación que realiza la Tesorería General de la Seguridad
Social hace prevalecer el aspecto puramente laboral al administrativo, y obvia
que la relación que une a la administración con el concesionario no es una mera
relación mercantil sino que se trata de una relación jurídico-administrativa
que se halla sometida a un peculiar régimen jurídico en el que el contratista
debe asumir todos los riesgos de la explotación del servicio.
“La
situación, que ya es muy grave, en la que el Estado coloca a los Ayuntamientos
se agrava notablemente con este tratamiento que reciben las corporaciones
municipales, y que no podemos soportar en unos tiempos como los que vivimos”, explicó
la también Teniente de Alcalde.